Cumplen hoy ocho meses en prisión

J. Pablo Delgado Berman

Para Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, el tiempo pasa igual todos los días en la prisión de San Francisco Kobén, lugar en el cual se encuentran encerrados desde hace exactamente ocho meses, por los supuestos delitos de obstrucción de obra pública y secuestro, ambos, rechazados ya incluso por una corte federal, pero nuevamente apelados por la Procuraduría General de la República.
No importa que día sea en la habitación número doce del área conyugal de Kobén, cuarto que desde hace siete meses y medio habitan Joaquín y Sara, avecinados en la misma área por Guadalupe, ellos sólo esperan la libertad que les han privado y regresar a sus vidas normales, las cuáles, los integrantes de la Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas Eléctricas saben que será de alguna manera difícil de recuperar.
Todos tenían una vida normal, don Lupe, pro ejemplo, se dedicaba a la siembra de maíz y a la compra y venta de borregos, actividad en la que sabe tendrá problemas para regresar. “¿Mi cliente me va a dar el dinero y a confiar en mí? Ya nos hicieron pedazos y nos difamaron”, dijo don Lupe sentado en el piso del cuarto, de no más de dos metros y medio de ancho y cuatro de largo, en el que hay un baño y una base de piedra con colchoneta que les sirve como cama.
En la prisión aseguran, los tratan bien, algunos reclusos e incluso personal de la misma cárcel les han manifestado su apoyo por el movimiento que busca que los cobros de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad sean reales y no se cargue con cobros excesivos a la sociedad.
“El pueblo no es un ladrón; el que trabaja no es ladrón, y el pueblo es el que trabaja”, añadió Joaquín, quien antes era aguador y ahora ha empezado a elaborar artesanías, “nosotros no nos negamos a pagar, sino queremos pagar lo justo”.
“No estamos haciendo nada malo”, secundó Sara, quien añadió que en Candelaria, y en más de treinta comunidades de los alrededores, la gran mayoría de la población está a favor de la resistencia, pero el miedo es el motivo por el cual no se suman de forma abierta, “la gente no quiere terminar en la cárcel como nosotros tres”.
Por supuesto, existe una parte de la sociedad que no ve con buenos ojos las acciones de la resistencia civil y no duda de calificarlos de ladrones.
Para don Lupe es muy fácil, “esos que nos tratan de bandidos que se muerdan la lengua, porque no estamos robando, hemos tratado por mil medios de llegar a acuerdos con la CFE pero no se puede. Además, los que nos podrían acusar de ladrones son los de comisión, no la población”.
Presos de consciencia
El pasado viernes, estos tres personajes residentes de Candelaria fueron declarados como “presos de conciencia” por la prestigiada organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional, cuyos visitadores estuvieron en la ciudad en enero pasado.
“El trabajo campesino no es tomado en cuenta, que bueno que al menos una organización así nos haya apoyado”, dijo Sara, madre de cinco hijos y que se dedicaba al comercio en Candelaria, antes de ser detenida, pero que ahora está incluso nominada a dos premios de derechos humanos, el Premio Antonio Montesinos, de Nicaragua, al que fue nominada por sus propios compañeros de la resistencia a nivel nacional, y al Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, aquí en México.
Los tres detenidos aseguran que su encarcelamiento ha servido para dar a conocer a nivel nacional e internacional la lucha en contra de los excesivos cobros de la CFE, por lo que esperan que más personas hagan conciencia sobre el asunto, y se sumen a las acciones. “Ahora toda mi familia me conoce”, dijo don Lupe con un buen sentido del humor y entre risas de quienes estábamos en el cuarto número doce, del área conyugal del penal de San Francisco Kobén.


CONTEXTO

¿Por qué están ahí?
Sara López, Guadalupe Borjas y Joaquín Aguilar fueron encarcelados el 10 de julio por los supuestos delitos de privación ilegal de la libertad de un funcionario público (Leovigildo Domínguez de la CFE) y el de obstrucción de la realización de una obra pública. Quienes piden la liberación aseguran que no existió orden de aprehensión y se violaron gravemente los derechos humanos. Para su abogado, David Peña, no se trata más que un caso grave de criminalización de la pobreza.