Manifestación

Amenazan a ebuleños por “periodicazo”

Dicen habitantes de la comunidad que fueron citados por elementos del gobierno para aclarar motivos

J. Pablo Delgado Berman

Tras la publicación el pasado día ocho de marzo de un reportaje, escrito por este reportero, sobre la situación de precariedad que actualmente padecen los habitantes del pueblo Nuevo San Antonio Ebulá, pueblo desplazado de su lugar original por un particular apoderado en Campeche, algunos ebuleños denunciaron que han recibido amenazas por parte del gobierno.
Según pobladores del lugar, tras la publicación en CAMPECHE HOY de lo que llamaron “periodicazo”, dos habitantes fueron citados por Guillermo Piña, asistente del subsecretario de gobierno, Julio César Pulido Contreras, para aclarar los motivos de haber brindado la información y las facilidades a este reportero.
Según las declaraciones proporcionadas a este reportero, fue Guillermo Piña, trabajador de la Secretaría de Gobierno quien mandó a llamar a dos habitantes, quienes al llegar fueron cuestionados del motivo por el cual permitieron que quien estas líneas escribe hiciera su labor periodística, y amenazaron a los habitantes con tomar acciones, y para contrarrestar los hechos, en “sacar los trapitos al sol” de algunos habitantes de San Antonio Ebulá, además de otras acciones que no fueron especificadas.
Con lo anterior, aseguraron los ebuleños, Piña se refiere a dar a conocer que algunos habitantes de ese pueblo tienen viviendas también en Campeche, pero aseguraron, eso lo dan a conocer ellos mismos, porque muchos trabajaron toda su vida por tener esas viviendas, y después de que Eduardo Escalante arrasara con el pueblo, tuvieron que recurrir a la opción de habitarlas y migrar a la ciudad en busca de empleo, ya que con el violento desalojo ocurrido agosto pasado, también animales domésticos fueron asesinados y robados, así como sembradíos quemados o destruidos.
En el reportaje antes mencionado, que vio la luz el pasado lunes ocho de este mes, se retratan de manera gráfica y textual las deplorables condiciones de vida en que los habitantes del pueblo se encuentran, y cómo los acuerdos firmados por Julio César Pulido Contreras, subsecretario de gobierno, y por Enrique Castilla Magaña, asesor jurídico del gobierno estatal, en los que se comprometen a dar caminos transitables, servicio de agua, electricidad y vivienda, todos ellos incumplidos.
A casi medio año de estar poblando ya las 31 de 595 hectáreas que pudieron recuperar los ebuleños, los servicios con los que cuentan son más que precarios y por el momento, no se ven las intenciones de mejorarlos por parte de algunas autoridades estatales.


Presentan caso ante AI
El pasado mes de enero, durante la visita de tres representantes de Amnistía Internacional, quienes visitaron la localidad para recabar datos sobre el caso de los ahora ya declarados “presos de conciencia” (Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas) por esa misma organización, fue presentado el caso del violento desalojo ocurrido en San Antonio Ebulá.
Los tres representantes de la organización en defensa de los derechos humanos, quienes ya conocían el caso a través de otras organizaciones de tendencia humanista, se entrevistaron también con los ebuleños, quienes dieron a conocer su historia.

Cumplen hoy ocho meses en prisión

J. Pablo Delgado Berman

Para Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, el tiempo pasa igual todos los días en la prisión de San Francisco Kobén, lugar en el cual se encuentran encerrados desde hace exactamente ocho meses, por los supuestos delitos de obstrucción de obra pública y secuestro, ambos, rechazados ya incluso por una corte federal, pero nuevamente apelados por la Procuraduría General de la República.
No importa que día sea en la habitación número doce del área conyugal de Kobén, cuarto que desde hace siete meses y medio habitan Joaquín y Sara, avecinados en la misma área por Guadalupe, ellos sólo esperan la libertad que les han privado y regresar a sus vidas normales, las cuáles, los integrantes de la Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas Eléctricas saben que será de alguna manera difícil de recuperar.
Todos tenían una vida normal, don Lupe, pro ejemplo, se dedicaba a la siembra de maíz y a la compra y venta de borregos, actividad en la que sabe tendrá problemas para regresar. “¿Mi cliente me va a dar el dinero y a confiar en mí? Ya nos hicieron pedazos y nos difamaron”, dijo don Lupe sentado en el piso del cuarto, de no más de dos metros y medio de ancho y cuatro de largo, en el que hay un baño y una base de piedra con colchoneta que les sirve como cama.
En la prisión aseguran, los tratan bien, algunos reclusos e incluso personal de la misma cárcel les han manifestado su apoyo por el movimiento que busca que los cobros de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad sean reales y no se cargue con cobros excesivos a la sociedad.
“El pueblo no es un ladrón; el que trabaja no es ladrón, y el pueblo es el que trabaja”, añadió Joaquín, quien antes era aguador y ahora ha empezado a elaborar artesanías, “nosotros no nos negamos a pagar, sino queremos pagar lo justo”.
“No estamos haciendo nada malo”, secundó Sara, quien añadió que en Candelaria, y en más de treinta comunidades de los alrededores, la gran mayoría de la población está a favor de la resistencia, pero el miedo es el motivo por el cual no se suman de forma abierta, “la gente no quiere terminar en la cárcel como nosotros tres”.
Por supuesto, existe una parte de la sociedad que no ve con buenos ojos las acciones de la resistencia civil y no duda de calificarlos de ladrones.
Para don Lupe es muy fácil, “esos que nos tratan de bandidos que se muerdan la lengua, porque no estamos robando, hemos tratado por mil medios de llegar a acuerdos con la CFE pero no se puede. Además, los que nos podrían acusar de ladrones son los de comisión, no la población”.
Presos de consciencia
El pasado viernes, estos tres personajes residentes de Candelaria fueron declarados como “presos de conciencia” por la prestigiada organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional, cuyos visitadores estuvieron en la ciudad en enero pasado.
“El trabajo campesino no es tomado en cuenta, que bueno que al menos una organización así nos haya apoyado”, dijo Sara, madre de cinco hijos y que se dedicaba al comercio en Candelaria, antes de ser detenida, pero que ahora está incluso nominada a dos premios de derechos humanos, el Premio Antonio Montesinos, de Nicaragua, al que fue nominada por sus propios compañeros de la resistencia a nivel nacional, y al Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, aquí en México.
Los tres detenidos aseguran que su encarcelamiento ha servido para dar a conocer a nivel nacional e internacional la lucha en contra de los excesivos cobros de la CFE, por lo que esperan que más personas hagan conciencia sobre el asunto, y se sumen a las acciones. “Ahora toda mi familia me conoce”, dijo don Lupe con un buen sentido del humor y entre risas de quienes estábamos en el cuarto número doce, del área conyugal del penal de San Francisco Kobén.


CONTEXTO

¿Por qué están ahí?
Sara López, Guadalupe Borjas y Joaquín Aguilar fueron encarcelados el 10 de julio por los supuestos delitos de privación ilegal de la libertad de un funcionario público (Leovigildo Domínguez de la CFE) y el de obstrucción de la realización de una obra pública. Quienes piden la liberación aseguran que no existió orden de aprehensión y se violaron gravemente los derechos humanos. Para su abogado, David Peña, no se trata más que un caso grave de criminalización de la pobreza.

Ya nadie se acuerda de Ebulá

Para muchos, el trece de agosto del año pasado suena ya lejano y no hay mucho que recordar sobre la fecha. Para los habitantes del pueblo Nuevo San Antonio Ebulá, esta fecha marca el día en que fueron desalojados de sus hogares, en donde muchos se habían criado, estudiado y vivido toda su vida.
En esa fecha, elementos para policiacos de una compañía de seguridad privada, acompañados de elementos de la fuerza pública, entraron al pueblo de San Antonio Ebulá y tiraron casas, árboles y sembradíos, agredieron a los pobladores, mataron y robaron animales, con el pretexto de desalojar a los habitantes de las tierras supuestamente propiedad de Eduardo Escalante, suegro del desaparecido ex secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo.
El nuevo pueblo tiene 31 hectáreas, mientras el anterior habitaban, que aún está en juicio agrario, contaba con un total 595, una diferencia abismal de territorio, que habitan mayormente personas que ya están jubiladas y campesinos, quienes después del desalojo, estuvieron en plantón permanente junto con otros ciudadanos inconformes durante 44 días en los bajos del palacio de gobierno.
San Antonio Ebulá empezó su fundación en 1968, según relatan sus mismos pobladores, a quienes después de despojar de sus pertenencias y tierras, se les prometió un nuevo espacio para vivir de forma digna y con servicios como vivienda, agua, electricidad y un camino transitable. El acuerdo se firmó aproximadamente el veinte de septiembre, los pobladores llegaron a las nuevas tierras cuatro días más tarde, y hasta el momento, no han cumplido satisfactoriamente con ninguna de las promesas que hicieran a los afectados.
En cuanto al servicio del agua. El gobierno se encargó de perforar un pozo, pero sólo está perforado y es imposible que los habitantes de las dieciocho familias que actualmente habitan el pueblo puedan sacar agua de él, ya que el hueco sólo está ahí, sin maquinaria alguna para extraer el vital líquido.
“Tenemos que esperar a la pipa que viene dos veces por semana”, relató uno de los habitantes, quien recordó los compromisos firmados por Julio César Pulido Contreras, subsecretario de gobierno, y por Enrique Castilla Magaña, asesor jurídico del gobierno estatal.
“Se comprometieron a hacernos camino y nosotros somos los que hemos emparejado más o menos, porque ellos no más tumbaron todo y lo dejaron como quedó”, relató el vecino, quien aseguró que muchas personas se han caído por el mal estado del camino. “No dicen cuándo, todo se queda en papel firmado”, aseguraron los habitantes del lugar.
En lo relacionado a la vivienda, hubieron compromisos de apoyar con pie de casa a los afectados, hasta el momento, no ha habido acercamiento alguno y los habitantes han tenido que ver cómo construyen sus casas.
“Ni lámina siquiera nos quieren dar, yo tuve que hacer un sacrificio para comprar mis láminas”, comentó otro de los habitantes, quienes contaron a éste reportero que fue desde 2004 cuando empezaron a darse las primeras quemas de siembra en el pueblo, lo que obligó a muchos de sus habitantes a buscar trabajos en la ciudad.


Volverían a plantarse
En el Nuevo San Antonio Ebulá, los habitantes ya están cansados de esperar a que el gobierno les cumpla sus promesas.
“Nosotros queremos trabajar con el gobierno pero no responden”, aseguró Francisco Villalobos, uno de los habitantes del pueblo.
Para poder hacer más presión, comentaron varios vecinos, una opción sería plantarse nuevamente en los bajos del Palacio de Gobierno.

Organización
Los habitantes del Nuevo San Antonio Ebulá han recurrido a la auto organización y han creado un Consejo de Ancianos, quienes son consultados antes de tomar las decisiones concernientes al pueblo. De igual manera, próximamente se realizará una asamblea popular para elaborar la ley del pueblo.

Libertad!

Hay presos de conciencia en Campeche: AI
Asegura la organización de derechos humanos que los tres detenidos de Candelaria son por motivos políticos
J. Pablo delgado Berman
En una rueda de prensa efectuada ayer en Londres, la organización Amnistía Internacional declaró que los tres integrantes de la Resistencia Civil en Contra de las Altas Tarifas Eléctricas en Campeche, Sara López, Guadalupe Borja y Joaquín Aguilar, son considerados presos de conciencia y exigen al gobierno mexicano y campechano su liberación inmediata e incondicional.
Los tres manifestantes fueron detenidos y están ingresados en el penal de Kobén desde julio de 2009 por su participación en el grupo. En el comunicado enviado a este reportero, Amnistía Internacional señala que el Procurador General de la República los acusa de tomar como rehén a un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los cargos se basan en una demanda interpuesta por el representante legal de la CFE por obstrucción de la entrega de un servicio público, un delito menor que no amerita encarcelamiento

La denuncia llegó después de que los líderes se reunieron con la CFE para solicitar la re-conexión del suministro eléctrico. Sin embargo, la PGR fabricó el nuevo cargo de la toma de rehén, un delito mayor que no permite fianza.

En enero de 2010, una corte federal de apelaciones dictaminó que la evidencia contra estos tres presos era insustancial y no señalaba que los delitos hubieran realmente ocurrido. Sin embargo, la PGR ha apelado esta sentencia sin justificación, prolongando su detención hasta que se resuelva.

Amnistía Internacional ha exigido que las autoridades los liberen inmediata e incondicionalmente.

“Las acusaciones contra Sara, Joaquín y Guadalupe son infundadas y parece que las presentaron para detener su campaña contra los altos costos del servicio eléctrico” dijo Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional.

“Es hora de que las autoridades mexicanas dejen de fichar a quienes participan en manifestaciones y disienten de manera legítima.”
Por su parte, Miguel Valladares, integrante de la Resistencia en Contra de las Altas Tarifas Eléctricas en Campeche, señaló que esto demuestra la criminalización de la pobreza y que los compañeros de la resistencia son inocentes, por lo que también, aseguró, los integrantes de la resistencia a nivel nacional piden la liberación inmediata e incondicional de Sara López, Guadalupe Borja y Joaquín Aguilar.

¿Qué es?
Un preso de conciencia es cualquier persona encarcelada por su raza, religión, color de piel, idioma, orientación sexual o credo, mientras no haya defendido o practicado la violencia. El término fue creado por la asociación defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional a principios de los años 60.